Cámara de Cuentas está "alarmada" por irregularidades en los ayuntamientos
Santo Domingo.- Un estudio publicado este martes por la Cámara de Cuentas
ofrece datos contundentes sobre el desorden administrativo que impera en
la mayoría de los ayuntamientos y distritos municipales del país.
Entre las principales violaciones a la Ley 176-07 detectadas, el organismo de control destaca el exceso de empleados, las incongruencias salariales y las incoherencias en el reporte de gastos.
La presidenta de la entidad, Licelot Marte de Barrios, calificó de “alarmante” la situación que describe el informe, aunque evitó referirse a estas “irregularidades” como “corrupción”. Entre las recomendaciones no se incluye ninguna relativa a sanciones. Sin embargo, la funcionaria sí observó que “el régimen de consecuencias en la República Dominicana es débil”.
En el estudio, apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se analizaron los datos de 2012 de 387 entidades municipales, 155 ayuntamientos y 232 distritos municipales.
Durante ese año los gobiernos locales concernidos recibieron 19,165.26 millones de pesos, es decir 4.7% del gasto total del gobierno. De este monto, 16,174 millones corresponden a los ayuntamientos.
También muestra una subejecución en la construcción de obras en más de 40 alcaldías, pues la Ley ordena para este renglón una inversión igual o superior al 40% del presupuesto total. El ayuntamiento con menor inversión en este aspecto es el del Distrito Nacional, que alcanza tan solo el 17.69%.
“Botellas” y otras irregularidades de nómina
Para investigar la cantidad de empleados de estas entidades, los auditores recurrieron a los datos levantados por la Contraloría General de la República, donde solo encontraron información de 126 de los 155 ayuntamientos, y de 165 de los 232 distritos municipales.
Uno de los problemas identificados es el relativo a la sobrepoblación de empleados. Es el caso de los ayuntamientos de los municipios La Descubierta, en la provincia Independencia, y Eugenio María de Hostos, en la provincia Duarte, en donde hay una nómina de 194 y 112 empleados, respectivamente, para una población de 8,342 y 5,488 habitantes.
Esto significa que hay un empleado por cada 43 habitantes en La Descubierta, y un empleado por cada 49, en el ayuntamiento del municipio Eugenio María de Hostos. “La cantidad de empleados en estas entidades no guarda correspondencia con la cantidad de servicios y necesidades que demandan sus habitantes”, afirma la funcionaria.
La situación es aún peor en el cabildo de Jamao del Norte, en Espaillat, donde hay un contratado por cada 26 munícipes, así como en La Guázara, Barahona, con un empleado por cada seis habitantes, es decir que más del 16% de la población de ese municipio trabaja en el ayuntamiento.
Según Marte de Barrios, lo más preocupante es que “en muchos de estos ayuntamientos donde hay más de 200 empleados, solo trabajan dos o tres”. Sostiene que son recursos del Estado que se desperdician en vez de ser dedicados a otras áreas que lo necesitan.
Mientras que, en un panorama diametralmente opuesto, cinco de las alcaldías fiscalizadas solo existe un empleado en nómina, estas son las de los municipios de Castañuelas y Montecristi, en la provincia de Montecristi; Villa González, en Santiago; Sosúa, en Puerto Plata; y La Vega en la provincia del mismo nombre. Este último siendo el que muestra mayor contradicción, por tratarse de una población de unos 248,089 habitantes.
Con relación al salario, de acuerdo a los datos del informe, en los dos municipios de Montecristi antes mencionados el alcalde recibe un sueldo de 2,000 pesos, muy por debajo del salario mínimo del sector público, cuando el alcalde de La Vega recibe unos 30,000 pesos.
La violación al salario mínimo se repite en al menos 47 cabildos, en donde el sueldo promedio por empleado es menor a los 6,000 pesos, cuando en alcaldías como la de La Altagracia el sueldo promedio por empleado es de 50,492.31. El informe no presenta la nómina exacta de cada una de estas entidades, lo que permitiría hacer una comparación más precisa entre los diferentes salarios.
Exceso de municipios y distritos municipales
En el estudio también se documenta el incumplimiento de la Ley con respecto a la creación de municipios y distritos municipales. Y es que solo 48 municipios cumplen con los requisitos de tener una población mayor a 15,000 habitantes y generar ingresos propios superiores al 10% que se les asigna vía presupuestaria, y de los distritos municipales, solo 11 cumplen con tener más de 10,000 habitantes y generar ingresos propios por encima de10% del monto transferido del presupuesto.
Barahona, con 187,000 habitantes, es la provincia con mayor número de municipios (once); en tanto, La Altagracia tiene cerca de 273,000 habitantes y tiene solo dos municipios, la misma cantidad que tiene Pedernales con una población de 31,000 habitantes.
Entre las principales violaciones a la Ley 176-07 detectadas, el organismo de control destaca el exceso de empleados, las incongruencias salariales y las incoherencias en el reporte de gastos.
La presidenta de la entidad, Licelot Marte de Barrios, calificó de “alarmante” la situación que describe el informe, aunque evitó referirse a estas “irregularidades” como “corrupción”. Entre las recomendaciones no se incluye ninguna relativa a sanciones. Sin embargo, la funcionaria sí observó que “el régimen de consecuencias en la República Dominicana es débil”.
En el estudio, apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se analizaron los datos de 2012 de 387 entidades municipales, 155 ayuntamientos y 232 distritos municipales.
Durante ese año los gobiernos locales concernidos recibieron 19,165.26 millones de pesos, es decir 4.7% del gasto total del gobierno. De este monto, 16,174 millones corresponden a los ayuntamientos.
Barahona, con 187,000 habitantes, es la provincia con mayor número de municipios (once); en tanto, La Altagracia tiene cerca de 273,000 habitantes y tiene solo dos municipios, la misma cantidad que tiene Pedernales con una población de 31,000 habitantes.Con respecto a los gastos, Marte de Barrios afirmó que “no hay coherencia al comparar los datos sobre gastos que presentan algunas de estas entidades”. Al acudir al estudio publicado se percibe que hay diferencias considerables en las clasificaciones por objeto y por destino de la ejecución presupuestaria de ocho cabildos.
También muestra una subejecución en la construcción de obras en más de 40 alcaldías, pues la Ley ordena para este renglón una inversión igual o superior al 40% del presupuesto total. El ayuntamiento con menor inversión en este aspecto es el del Distrito Nacional, que alcanza tan solo el 17.69%.
“Botellas” y otras irregularidades de nómina
Para investigar la cantidad de empleados de estas entidades, los auditores recurrieron a los datos levantados por la Contraloría General de la República, donde solo encontraron información de 126 de los 155 ayuntamientos, y de 165 de los 232 distritos municipales.
Uno de los problemas identificados es el relativo a la sobrepoblación de empleados. Es el caso de los ayuntamientos de los municipios La Descubierta, en la provincia Independencia, y Eugenio María de Hostos, en la provincia Duarte, en donde hay una nómina de 194 y 112 empleados, respectivamente, para una población de 8,342 y 5,488 habitantes.
Esto significa que hay un empleado por cada 43 habitantes en La Descubierta, y un empleado por cada 49, en el ayuntamiento del municipio Eugenio María de Hostos. “La cantidad de empleados en estas entidades no guarda correspondencia con la cantidad de servicios y necesidades que demandan sus habitantes”, afirma la funcionaria.
La situación es aún peor en el cabildo de Jamao del Norte, en Espaillat, donde hay un contratado por cada 26 munícipes, así como en La Guázara, Barahona, con un empleado por cada seis habitantes, es decir que más del 16% de la población de ese municipio trabaja en el ayuntamiento.
Según Marte de Barrios, lo más preocupante es que “en muchos de estos ayuntamientos donde hay más de 200 empleados, solo trabajan dos o tres”. Sostiene que son recursos del Estado que se desperdician en vez de ser dedicados a otras áreas que lo necesitan.
Mientras que, en un panorama diametralmente opuesto, cinco de las alcaldías fiscalizadas solo existe un empleado en nómina, estas son las de los municipios de Castañuelas y Montecristi, en la provincia de Montecristi; Villa González, en Santiago; Sosúa, en Puerto Plata; y La Vega en la provincia del mismo nombre. Este último siendo el que muestra mayor contradicción, por tratarse de una población de unos 248,089 habitantes.
Con relación al salario, de acuerdo a los datos del informe, en los dos municipios de Montecristi antes mencionados el alcalde recibe un sueldo de 2,000 pesos, muy por debajo del salario mínimo del sector público, cuando el alcalde de La Vega recibe unos 30,000 pesos.
La violación al salario mínimo se repite en al menos 47 cabildos, en donde el sueldo promedio por empleado es menor a los 6,000 pesos, cuando en alcaldías como la de La Altagracia el sueldo promedio por empleado es de 50,492.31. El informe no presenta la nómina exacta de cada una de estas entidades, lo que permitiría hacer una comparación más precisa entre los diferentes salarios.
Exceso de municipios y distritos municipales
En el estudio también se documenta el incumplimiento de la Ley con respecto a la creación de municipios y distritos municipales. Y es que solo 48 municipios cumplen con los requisitos de tener una población mayor a 15,000 habitantes y generar ingresos propios superiores al 10% que se les asigna vía presupuestaria, y de los distritos municipales, solo 11 cumplen con tener más de 10,000 habitantes y generar ingresos propios por encima de10% del monto transferido del presupuesto.
Barahona, con 187,000 habitantes, es la provincia con mayor número de municipios (once); en tanto, La Altagracia tiene cerca de 273,000 habitantes y tiene solo dos municipios, la misma cantidad que tiene Pedernales con una población de 31,000 habitantes.
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