Justicia y Transparencia favorece integración de altas cortes con todos los sectores incluyendo políticos

Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), favoreció la integración de las altas cortes y otros órganos constitucionales (Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral y Cámara de Cuentas), de manera equilibrada con la participación de todos los sectores, incluyendo los políticos y a la sociedad civil, sin que en modo alguno la referida selección se convierta en la repartición de un botín de guerra de los políticos y para los políticos, como ha pasado en otras oportunidades.

El presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano Potentini, entiende que no es posible marginar la clase política de un acontecimiento eminentemente político, como sin dudas lo es la conformación de los órganos responsables del ejercicio de la democracia, naturalmente siempre procurando la legitimidad que solo se logra con una escogencia transparente, plural y consensuada, y reiteramos también con la presencia y participación de los diversos sectores sociales.

Asimismo Justicia y Transparencia, a título de aporte y sugerencia citó como el posible perfil deseado para la integración de los órganos constitucionales, los siguientes requerimientos: A)Trayectoria ética y moral impoluta en todo su accionar tanto público como privado, B) La ausencia de antecedentes penales y cuestionamientos de actos reñidos con la ley y las buenas costumbres)Sólida formación profesional y experiencia probada en el área a ser tomado en cuenta (preferiblemente considerar estudios especializados, aportes doctrinales y académicos sobre la materia) D) Personalidad equilibrada y capacidad de consenso, E) Compromiso social y vocación democrática, y F) La entereza y conciencia cívica, libre de compromisos y ataduras, que una vez en el ejercicio de sus funciones le garanticen la independencia e imparcialidad.

Para Potentini lo imprescindible seria que los políticos, los ciudadanos independientes y los miembros de sociedad civil que resulten designado para tan altas funciones, entiendan que deberán servirle al país despojados del ropaje partidario y de los intereses particulares, con el exclusivo norte de aplicar la ley.

La organización cívica dijo estar confiada en que se logrará despejar las diferencias partidarias, dando lugar a un consenso para conformar los órganos constitucionales, al tiempo de sugerir como posibles nombres a tomar en consideración, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), los juristas Franklin García Fermín, José Ernesto Marte Piantini, Enrique García, Antoliano Peralta, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Eduardo Jorge Prats, Salim Ibarra, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Polivio Rivas, a Yocasta Guzmán funcionaria gubernamental para la Cámara de Cuentas, también ciudadanos y sociedad civil como, Servio Tulio Castaños Guzmán, Carlos Salcedo, Henri Mejía, José Miguel Minier, Román Jaquez y la participación activa de iglesias católicas y evangélicas, el CONEP, ANJE, FINJUS, ADOCCO y participación ciudadana (PC), entre otros tantos sectores representativos de la sociedad. 

Sobre la ley de policía

Justicia y Transparencia también se refirió a la recién promulgada ley de policía, la cual consideró como positiva y de gran avance para relanzar la policía nacional, posibilitando con ello el mejorar las condiciones de vida de sus miembros, procurando un clima de mayor institucionalidad y transparencia, eficientizando con ello la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

No obstante la entidad de sociedad civil reconoció que no es una ley perfecta y que en lo sucesivo tendría que ser mejorada, sobre todo en aquellos puntos que fueron observados y criticados por diversos sectores sociales, tales como Las atribuciones que confiere la ley al Poder Ejecutivo, su relación con otros órganos del sistema de justicia en la investigación de crímenes y delitos, la limitación en el número de plazas para oficiales generales, el aspecto disciplinario interno y las facultades del Consejo Superior Policial para crear comisiones independientes, compuestas por ciudadanas y ciudadanos, con el fin de investigar sobre quejas por inconductas de los miembros del cuerpo policial.

Potentini sugirió corregir cualquier posible viso de inconstitucionalidad que pudiera tener la ley a partir de su reglamento de aplicación, deslindando claramente el alcance de muchos temas contenidos en la ley.

Desde luego también tenemos que reconocer, que la referida ley supera con creces la anterior, además de constituirse en una necesidad inminente para la institución del orden pueda iniciar los procesos de transformación y de cambios que amerita.