Madrid. – El feminismo europeo tiene algo que celebrar este 8M: el acuerdo para una ley comunitaria de violencia de género, que deja sin embargo una sensación agridulce a las eurodiputadas españolas que la negociaron por la «escalofriante» oposición a clasificar esa lacra como eurodelito o tipificar la violación según el consentimiento.
La primera directiva europea sobre violencia de género, consensuada hace un mes por el Consejo y el Parlamento Europeo, está apenas pendiente del voto en el pleno de la Eurocámara -probablemente a finales de abril- y del visto bueno de los Estados miembros para hacerse realidad.
Sus promotoras confían en que pueda salir adelante antes de las elecciones europeas de junio; de lo contrario, la negociación tendría que comenzar de cero y habría que convencer a las fuerzas de extrema derecha que, a juzgar por los sondeos, tendrán más poder en la próxima legislatura.
«Tengo la absoluta convicción de que si no la hubiéramos sacado y si no la votáramos en abril (…), la composición del Parlamento Europeo para la siguiente legislatura hubiera hecho imposible tener la primera directiva en nuestros 70 años de lucha (contra la violencia machista)», dijo Soraya Rodríguez, eurodiputada por Ciudadanos y del grupo Renew.
Con motivo del 8M, Rodríguez reflexionó sobre ese nuevo reglamento en un encuentro con periodistas en Madrid junto a otras tres eurodiputadas españolas que han contribuido a impulsarlo: Rosa Estaràs, del Partido Popular (PP); María Eugenia Rodríguez Palop, de Unidas Podemos y Sumar; y Lina Gálvez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Todas forman parte de la comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) del Parlamento Europeo, y participaron en el impulso a una normativa que amplía la lista de agravantes en los delitos de violencia contra las mujeres.
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