Estado administrativo y desregulación económica

Tres ideas fundamentales configuran el programa económico del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump: el proteccionismo, la reducción de impuestos y la desregulación.

De lo que más él habló en la campaña electoral fue sobre el incremento de los aranceles, especialmente contra México y China, países con los cuales Estados Unidos tiene enormes déficits comerciales, debido a que este tema tiene resonancia en una gran parte del electorado, así como en ciertos sectores organizados, como es el caso de los grandes sindicatos.

No es casual que el poderoso sindicato de camioneros (Teamters Union) se abstuviera de apoyar un candidato presidencial cuando siempre lo había hecho a favor de los candidatos demócratas que en otros tiempos eran los más inclinados al proteccionismo. Tampoco es casual que el presidente electo Trump haya designado como secretaria de Trabajo a la congresista Lori Chávez-DeRemer, quien si bien es republicana siempre ha tenido una postura muy favorable al sector laboral, medida que fue celebrada por los sindicatos y criticada por los sectores empresariales. Por demás, ya Trump anunció un incremento de un 25% a todos los productos importados desde Canadá y México, dos socios comerciales, como medida punitiva por la migración y el tráfico de drogas en las fronteras con esos dos países.

En cuanto a la reducción impositiva, Trump se propone, de nuevo, reducir los impuestos que pagan las corporaciones y las personas con altos ingresos, medida que es parte de la ortodoxia del Partido Republicano, pero que el presidente electo ha asumido con mayor fuerza y entusiasmo. En su período anterior su reducción impositiva, combinada con un aumento del gasto, hizo que del 2016 al 2019 el déficit fiscal pasara del 3.1% al 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Desde luego, a partir de 2020 el déficit fiscal aumentó exponencialmente por el gasto público expansivo que llevaron a cabo tanto Trump como el presidente Joe Biden. Es de esperar que esta vez suceda lo mismo, pues es prácticamente seguro que, junto a reducir los impuestos, Trump incrementará el gasto militar, ya que él no permitirá que se diga que su gobierno gastó menos que el de Biden en este sector.

De lo que menos se ha hablado, por ser algo que genera poco interés en el gran electorado, es sobre la desregulación económica. Este aspecto forma también parte de la ortodoxia económica del Partido Republicano, al menos a partir de la hegemonía que tuvo Ronald Reagan en ese partido. Importantes sectores empresariales, especialmente las grandes corporaciones, esperan de la Administración Trump una fuerte desregulación en los más variados ámbitos de la economía, así como un debilitamiento de las agencias reguladoras.

De hecho, una de las ideas que barajan Trump y su equipo económico es quitarle o, al menos, reducirle la independencia a esas agencias para que respondan de manera más directa a los dictados del Ejecutivo.

Más aún, su propósito es debilitar el Estado administrativo, lo que llaman el “Estado profundo”, pues entienden que la burocracia técnica estatal constituye un obstáculo para la implementación de las políticas que se proponen implementar.

La desregulación económica que se ve venir en Estados Unidos plantea una cuestión jurídica sumamente interesante en el contexto de la decisión que, varios meses atrás, adoptó la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Loper Bright Enterprises.

En esa decisión, la corte revocó la denominada doctrina o deferencia Chevrón, la cual surgió de un caso de 1984 en el que esa corte, también con una orientación conservadora en ese momento como la actual, determinó que los tribunales tuvieran deferencia frente a las interpretaciones que hicieran las agencias reguladoras con respecto a las regulaciones plasmadas en leyes que tuvieran vacíos, ambigüedades o margen de interpretación.

Curiosamente, la Suprema Corte adoptó esa deferencia para contrapesar el activismo de jueces liberales en diferentes tribunales que se inclinaban a favor de una mayor regulación y un papel más activo de las agencias reguladoras.

De hecho, la decisión en el caso Chevrón favoreció a la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) contra una organización medioambientalista que estaba enfrentada contra la Corporación Chevrón.

De esa manera, la corte le dio mucho más poder a las agencias reguladoras, pero lo hizo en el contexto de la Administración Reagan cuyas agencias se inclinaban a regular y supervisar lo menos posible.

En el caso Loper Bright Enterprises de 2024, la Suprema Corte revocó la deferencia a las agencias reguladoras y estableció, algo muy familiar en el derecho iberoamericano, que sean las cortes de justicia -no esas agencias- las que interpreten y le den sentido a las regulaciones emanadas del Congreso cuando estas tengan vacíos, ambigüedades o den margen para ser interpretadas.

La razón de este giro jurisprudencial fue que, durante las últimas décadas, especialmente en los gobiernos del Partido Demócrata, las agencias reguladoras tomaron mucha fuerza en la protección del medioambiente, los consumidores y la competencia en el mercado, lo que era una fuente permanente de conflictos con las grandes corporaciones.

Paradójicamente, al nuevo gobierno de Trump le hubiera convenido que en este momento estuviera vigente la doctrina Chevrón, pues, como se dijo, con esta doctrina los tribunales debían ceder ante las interpretaciones de las agencias reguladoras, lo que daba poco margen para la contestación judicial.

En cambio, con la doctrina Loper Bright Enterprises los tribunales no tienen que ser deferentes frente a dichas agencias, de lo que se desprende que, cuando estas comiencen, en el nuevo gobierno, a adoptar interpretaciones y decisiones favorables a las grandes corporaciones, el debate se moverá a los tribunales en los que hay muchos jueces liberales que defenderán el Estado regulador.

Esto no quiere decir que la nueva Administración no cambiará radicalmente el panorama en materia regulatoria, sino que asuntos que antes se quedaban en el marco de las agencias reguladoras debido a la deferencia Chevrón ahora se debatirán también en el plano judicial, con lo que se buscaría, al menos, frenar el ritmo del debilitamiento del Estado regulador.

Sin duda, en materia regulatoria, como en cualquier otra materia, no hay dogmas absolutos. Tanto en Estados Unidos como en cualquier otro país hay razones para repensar ciertas regulaciones que pueden frenar la innovación y la inversión.

Al mismo tiempo, sin embargo, hay motivos para tener cautela cuando se trata de desregulación, pues conocemos los efectos devastadores que esta puede causar en los mercados financieros, el medio ambiente, la salud y la seguridad de las personas, entre otros ámbitos de la economía y la sociedad.

El riesgo está en que la nueva Administración en Estados Unidos emprenda una vasta y radical desregulación que deje sin protección ciertos derechos y bienes públicos que sólo el Estado puede y debe proteger.