No hay prisión por deuda
Por Praede Olivero Féliz.-
La Constitución de la República siempre ha establecido que no hay prisión por deuda, todas sus modificaciones han preservado ese principio, que las autoridades sólo le garantizan a los ricos, porque para los pobres no hay derechos, o al menos no se les respetan.
Escribo ésto a propósito del doble allanamiento a la casa de mi fallecido abuelo Abraham Olivero (Pichingo) y su señora Tomasina Figueroa, buscando presa a mi tía Marisol Olivero Figueroa, en una acción cobarde e ilegal.
Es el artículo 40, numeral 10 de la Constitución que establece: "No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracciones a las leyes penales".
Yo que interviene en el caso después del primer allanamiento de fin de semana, a petición de mi tío Lic. Manuel Olivero Figuereo para hacer un acuerdo entre las partes puedo hablar con propiedad.
Hago la afirmación porque el lunes 18 de julio las partes nos reunimos en el tribunal, acordando reunirnos en la casa de Tomasina el martes y así lo hicimos, comprobando la voluntad de las partes de resolver el conflicto con el pago, previa aclaración de la deuda, acordando reunirnos el miércoles 20 en mi oficina.
La reunión acordada se hizo, se pudo comprobar la existencia de parte de la deuda, ya que se había pagado un préstamo-san por la suma de 50,000.00 y a otro se le han hecho abonos. Manuel y Pedro ofrecieron aportar 10,000.00 y 5,000.00 mensuales para una deuda de aproximadamente 70,000.00, quedando en reunirnos el fin de semana con un hermano mayor, mi tío Lic. juan Tomas Olivero para rubricar el acuerdo, a lo mejor con un mayor pago mensual a mi amigo Linares, el acreedor.
Antes de esa última reunión, que acordaba el saldo antes de diciembre, fecha que previamente se había planteado en las negociaciones, vino el abuso, la violacion a la Constitución, que debía tener consecuencias, pues volvieron y allanaron la casa de Tomasina, otra madre para mi, con 89 años y se llevaron presa a Marisol, como presión y chantaje para el cobro rápido y para un abogado querer cobrar de honorarios una suma mayor que la deuda, sabiendo él que la Constitución establece que no hay prisión por deuda.
Barahona.- El profesor universitario Juan Tomás Olivero denunció la violación de derecho de que fue víctima su hermana María Altagracia Olivero, tras la actuación ilegal efectuada por el procurador fiscal de la provincia Barahona, Yván Ariel Gómez Rubio, el pasado viernes 22 de julio.
Reveló que Gómez Rubio cambió la naturaleza de una querella interpuesta contra su hermana en materia civil a penal, bajo la acusación de estafa y de haber violado el artículo 405 del Código Penal cuya intención es hacer jurídicamente material la aplicación de las penas del artículo 40 del Código Penal, con pena de degradación civil.
“Esto solo busca promover su cancelación en el Ministerio de Educación, como maestra”, dijo el también exseminarista de la Iglesia Católica, a la vez que señaló que dichos hechos son respaldados por el sacerdote de la parroquia Cristo Rey y que existen otros casos de la misma índole.
Dijo que el pasado viernes un contingente militar de más de 70 hombres se presentó a la vivienda de su madre, para cobrar una deuda a su familiar la cual ya se encuentra conciliada y avanzada en pago de un 40 por ciento.
“La Dican, la Dicrim y un regimiento de 70 hombres, tres coroneles, pertrechos militares, vehículos y un escándalo infamante de más de una cuadra del Barrio Sávica provocado por el aparatoso abuso”, indicó el maestro.
Narró que posterior a ello, María Altagracia Olivero fue apresada y trasladada a la fiscalía, donde se le conoció medida de coerción y se le pidió una medida cautelar de 6 meses de prisión, en menos de cinco horas.
“El señor Ariel Gómez en sus funciones de Ministerio Público, secuestró personas para traerla a la INACIF engañadas, les hizo pruebas que debió hacerse a la imputada, los puso a firmar un documento que resultó ser la querella y construyó la historia querella”, agregó.
Empero, el juez de la Atención Permanente declaró inadmisible la querella porque los litigantes negaron ser demandantes llevando esto a la fiscalía a quedarse en el aire con una falsa imputación.
Tras esto la pariente del profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), fue dejada en libertad ya que no existen pruebas penales en su contra; por lo que los familiares exigen la investigación y suspensión del fiscal de Barahona.
Olivero destacó procederán apegados a las normas procesales, y ante un juicio disciplinario como lo establece el artículo 134 del Código Procesal Penal, por sus faltas de deslealtad procesal.
“Además, exigiremos que a este señor se le condene en acción resarcitoria por todos los daños provocados, según lo estable el siguiente dispositivo del Código Procesal Penal como lo indica el Artículo 257”, especificó.
Asimismo, hicieron dicha solicitud al Procurador de la Corte de Apelación de Barahona, Bolívar D´ Oleo Montero, que inicie una investigación y tome las medidas de seguridad que impidan que este señor haga uso abusivo del poder de sus funciones y pueda entorpecer cualquier circunstancia de nuestra exigencia de justicia.
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