Crisis recientes son amargas y dura carga fiscal para el Estado

La asistencia por covid se ha llevado RD$208,981 millones, según un corte hecho a mediados de marzo del año 2022.

Las crisis recientes han tenido un elevado costo fiscal para el Estado dominicano, comenzando por la pandemia de covid-19. Los recursos para enfrentar sus efectos, solo en término de asistencia, vía programas creados, totalizan RD$208,981 millones.

Así lo indica un corte numérico del 19 de marzo de 2022. Mirando el tema de la crisis en su conjunto y más allá del covid, hay que sumar otros recursos, como los dispuestos para evitar golpes bruscos en la población por subidas de precio de los combustibles (empujadas a su vez por el incremento del petróleo a nivel internacional), que entre enero y el día primero de abril totalizan RD$6,693 millones.

Pero hay otro elemento que ha venido a sumar presión al momento convulso que vive el mundo, cuyos efectos se sienten en República Dominicana y otras naciones: El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, dos naciones que producen granos, gas natural y fertilizantes.

De acuerdo con datos oficiales, los recursos asociados al combate de covid-19 en detalle son estos: Un total de contratos activos por RD$8,285 millones, a través de 760 contratos. A través del programa Pa’ Ti, que fue un esquema de asistencia al trabajador independiente, el total de ayudas entregadas totalizó RD$7,403 millones, y vía el del Fondo de Asistencia al Empleado (FASE) se entregaron RD$50,909 millones.

Por concepto de FASE Turismo, el total de ayudas entregadas fue de RD$110 millones y a través de Quédate en Casa, el total de ayudas entregadas fue de RD$86,656 millones. Por vía de incentivos se dispuso de RD$8,341 millones. “Otros gastos” se realizaron por 47,277 millones.

El FASE fue un programa de apoyo transitorio para los trabajadores formales del sector privado, creado cuando inició la pandemia, en la gestión de Danilo Medina, en marzo de 2020, que incluía una transferencia monetaria, con el objetivo de contrarrestar los efectos económicos de las medidas tomadas para frenar el avance del covid-19, en momentos en que el país fue cerrado al mundo por aire, tierra y mar, incluso, hasta poco después de eso.

El pago por el concepto FASE se hacía quincenalmente a los empleados cuyos empleadores realizaron el proceso de aplicación correctamente cuando entraron en suspensión, por estar las empresas cerradas o fuera de operación.

Las transferencias se realizaban a los bancos a los que correspondían las cuentas beneficiarias y para los trabajadores que no tenían cuenta en ninguna entidad de intermediación financiera entonces se procedía a abrirles una cuenta de nómina en el Banco de Reservas.

El programa tuvo dos modalidades. El FASE 1 era una subvención para los trabajadores cuyas empresas se encontraban cotizando por sus trabajadores a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y habían cerrado sus operaciones por la menor actividad económica debido a las medidas de distanciamiento social ordenadas para evitar la propagación del covid-19.

El FASE 2 consistió en una subvención para los trabajadores de empresas manufactureras y micro, medianas y pequeñas empresas (mipyme) que continuaban operando mientras el resto estaba cerrada por disposición del Ejecutivo.

Para el FASE 1 no aplicaban las empresas de los siguientes sectores: supermercados, colmados, farmacias y cualquier establecimiento comercial dedicado al expendio de alimentos crudos, medicamentos y productos de higiene, empresas para industria, agroindustria y alimentos, empresas de agricultura, ganadería y pesca, industrias de alimentos, empresas de seguridad privada, explotación de minas y canteras, almacenes de expendio de distribución de alimentos, productos farmacéuticos y agroindustriales, sector financiero, administradoras de fondos de pensiones, de riesgos laborales y seguros, multimedios, generadores de energía, sector salud, universidades, telecomunicaciones

Todos los procesos del FASE 1 y FASE 2 se realizaban a través del portal del Ministerio de Trabajo

“Pa’ Ti”, fue un programa de apoyo dirigido a los trabajadores independientes que no habían podido trabajar por las medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia.

Los gastos realizados por el Gobierno para reducir el impacto de la pandemia en la actividad económica y apoyar a los grupos más vulnerables de la sociedad consumieron el 13.8 % del gasto corriente ejecutado en el Presupuesto del 2020. Contribuyeron con el 34.8 % del déficit fiscal del período, de acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda.

Los gastos vinculados a los programas sociales y de protección del empleo y del ingreso de los hogares sumaron RD$120,283.4 millones, y el gasto corriente del período acumuló RD$865,643.0 millones, según refleja la memoria del Ministerio de Hacienda (MH) correspondiente al 2020, ejercicio fiscal en el cual el déficit quedó en RD$345,155.2 millones.

Más recientemente, a inicios de marzo de 2022 (el día 7), el presidente Luis Abinader anunció la puesta en marcha de 10 medidas para afrontar la crisis económica generada en el país por el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania.

El presidente Luis Abinader se comprometió a subsidiar los combustibles para no afectar los consumidores con los aumentos bruscos, siempre que el petróleo estuviera en la franja comprendida entre los 85 y 115 dólares el barril.

Con esa medida, que tendrá una duración inicial de cuatro meses, el gobierno seguiría asumiendo un sacrificio fiscal mínimo permanente de por lo menos entre 600 y 1,000 millones de pesos semanales, que serían entre 2,400 y 4,000 millones de pesos mensuales y entre unos 9,600 y 16,000 millones de pesos durante sus cuatro meses de aplicación.

La tasa cero de arancel y el rechazo que se genera

Otra medida, que por cierto ha generado rechazo por parte de agroindustriales y productores locales, incluye el envío al Congreso Nacional (cosa que ya se hizo) de un proyecto de ley para reducir a cero por ciento los aranceles aplicados en frontera a la importación de los productos más importantes de la canasta básica. Sobre esa medida se indicó que será aplicada de manera provisional durante 6 meses. Impactaría diversos productos, entre ellos: aceite refinado, mantequilla y margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollo, ajo, pastas, habichuela, pan, carne de cerdo, carne de res y otros.

El gobierno ha dispuesto, además, subsidiar en hasta un 10 %, las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal, durante un período de seis meses. Esta medida, bajo la responsabilidad del Ministerio de Industria, Comercio y mipymes, implicaría hasta RD$3,000 millones y se implementaría con la intención expresa de enfrentar la subida de los precios de los fines.

Considerando la actual coyuntura, el gobierno dijo que mantendrá la política de subsidios focalizados que ha implementado desde el 2021 y seguirá impulsando estas medidas de apoyo directo a los más necesitados, tales como los programas especiales de venta de comida, incluyendo el aumento de las transferencias a la tarjeta Supérate, el incremento del subsidio del Bono Gas, la ampliación de las raciones de alimentos en los comedores económicos, la instalación de más mercados populares del Inespre y duplicar sus bodegas de venta directa de productos en el país.