Participación Ciudadana manifiesta desacuerdo con designación de Carlos Pimentel

Santo Domingo – El Consejo Nacional de Participación Ciudadana expresó su oposición a la reciente designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de la Alianza Público-Privada (APP), argumentando que esta decisión enfrenta serias dudas sobre su legitimidad jurídica y la conveniencia de que una sola persona asuma múltiples funciones que demandan alta dedicación y compromiso en áreas críticas como la transparencia y la institucionalidad.

La organización aclara que no cuestiona las intenciones del presidente al asignar este nuevo rol a Pimentel, ni las de él al aceptarlo. Sin embargo, advierte que la interpretación parcial de diversas disposiciones legales no sustenta adecuadamente la acumulación de cargos públicos.

Explicó que según la Constitución y varias leyes dominicanas, la legislación busca prevenir la concentración de responsabilidades en un solo individuo, especialmente en funciones que involucran intereses variados y complejos.

Participación Ciudadana también sostiene que, si la finalidad del nombramiento es fusionar las instituciones, Pimentel podría desempeñar un papel eficaz desde la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) o desde la APP, sin necesidad de asumir ambas posiciones, lo que podría llevar a conflictos de interés y cuestionamientos sobre su gestión.

Basándose en artículos específicos de la Constitución y de leyes relevantes, la organización señaló que el nombramiento de Pimentel no procede y considera un error calificar el cargo de director de Compras y Contrataciones como honorífico.

Además, enfatizó la incompatibilidad de representar simultáneamente ambos organismos, dado que la APP está sujeta a la supervisión de la DGCP.

Comunicado íntegro

Participación Ciudadana en desacuerdo con nueva designación de Carlos Pimentel

Participación Ciudadana entiende que la designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de la Alianza Público Privada enfrenta cuestionamientos sobre su legitimidad jurídica, así como sobre la conveniencia de distribuir el tiempo y los esfuerzos de un mismo funcionario entre dos funciones que requieren mucha dedicación y tienen retos fundamentales en aspectos tan importantes como la transparencia y la institucionalidad.

No cuestionamos las intenciones del presidente al asignar esta nueva responsabilidad a Carlos Pimentel, ni las de éste al aceptarla, sin embargo, la interpretación sesgada de varios artículos de diferentes leyes no es una buena sustentación para funciones que requieren mucha legitimidad como las asignadas a este funcionario. Si algo queda claro en la Constitución y varias leyes es que la intención de la legislación es evitar la concentración de varios cargos públicos en una sola persona.

En este caso no se trata de cargos de menor importancia, sino de funciones que confrontan permanentemente fuertes y variados intereses, por lo que requieren de absoluta legitimidad. Si la intención del nombramiento es iniciar un proceso de fusión de estas instituciones, estamos seguros de que Carlos Pimentel realizaría un excelente trabajo desde la DGCP o desde la APP, sin necesidad de ocupar ambos puestos y exponerse a tantos cuestionamientos.

Tomando como base el Art. 144 de la Constitución de la República; el Art. 19 de la Ley 47-20, de Alianzas Público Privadas; el Art. 80.5 de la Ley 41-08 de Función Pública entendemos que el nombramiento no procede. Aplicarle el concepto de honorífico al cargo de director de Compras y Contrataciones Públicas es un error, ya que la característica del mismo no debe ser variada por un decreto presidencial. A esto se agrega la incompatibilidad que significa ocupar dos representaciones en el consejo directivo de la APP y que ésta, en parte de sus actividades, está sujeta a la supervisión de la DGCP.

Participación Ciudadana expresa su preocupación por el riesgo de que las funciones de la Dirección de Compras y Contrataciones puedan ser afectadas por esta decisión presidencial y desde ahora expresamos nuestra esperanza de que un nuevo nombramiento en esta posición recaiga sobre una persona que inspire la confianza de la ciudadanía y garantice la continuación y profundización de los cambios que se han realizado en los últimos años.