Mañana se conocerá medida de coerción para los implicados en la Operación Pandora

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional decidió aplazar la audiencia de que conocerá medida de coerción para los implicados en la Operacion Pandora para este próximo lunes 25 de noviembre.

El motivo del aplazamiento fue el volumen de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, lo que exigió un tiempo adicional para su revisión por parte de la defensa de los acusados.

La Fiscalía, por su parte, ha solicitado que el tribunal declare el caso como complejo debido a la extensión de la investigación y la cantidad de pruebas acumuladas.

Detalles del Caso Pandora:

La Operación Pandora ha destapado una red criminal que operaba desde dentro de la Policía Nacional, y que presuntamente sustraía municiones de los depósitos oficiales para distribuirlas de manera ilegal, tanto en el país como hacia Haití.

En este esquema, altos oficiales de la Policía Nacional desempeñaron un papel crucial en la sustracción y venta de las municiones. Según la información revelada por el Ministerio Público, entre los productos del crimen figuran más de 900,000 municiones, incluidas armas de alto poder como el fusil Colt M-16.

El coronel Narciso Antonio Féliz Romero, uno de los principales acusados, es señalado como el encargado de la custodia de armas y municiones dentro de la Policía Nacional. Su implicación en el robo y venta ilegal de municiones ha quedado al descubierto tras las investigaciones del Ministerio Público.

A través de grupos de WhatsApp, los implicados coordinaban la venta clandestina de las municiones a precios que variaban entre DOP 4,000.00 y DOP 5,000.00 por caja.

Este esquema criminal no solo involucró a miembros de la Policía Nacional, sino también a civiles con antecedentes delictivos, que compraban las municiones con fines de reventa.

Según los documentos, los acusados utilizaban los recursos ilícitos para enriquecer sus propiedades, como la compra de vehículos de lujo y la construcción de inmuebles.

Los implicados en la Operación Pandora:

El caso incluye a diversos miembros de la Policía Nacional, así como a civiles y empresas vinculadas al tráfico ilegal de armas y municiones. Entre los principales acusados se encuentran:

Coronel Narciso Antonio Féliz Romero: Encargado de la custodia de armas y municiones.
Subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
Capitán Nelson Valdez: Responsable del Depósito de Armas.
Capitán Víctor Manuel Santos: Auditor que alteró los resultados de una auditoría interna.
Segundo Teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio.
Tactical Accessories RH, S.R.L: Empresa vinculada a Rodríguez Toribio.

Además de estos implicados, se han identificado otros civiles que operaban como compradores y distribuidores de las municiones sustraídas, lo que indica la amplitud y el nivel de organización de la red criminal.

El reglamento de custodia y almacenamiento de armas:

Este caso ha puesto en evidencia las serias violaciones al Reglamento de Custodia y Almacenamiento de Armas de la Policía Nacional. Este reglamento tiene como objetivo garantizar la seguridad y el control sobre las municiones y armas de fuego en poder de la institución.

La red de tráfico de municiones operaba en clara contravención a estos procedimientos establecidos. Este rompimiento de los estatutos ha generado una crisis de confianza dentro de la Policía Nacional.

El reglamento establece normas claras sobre la asignación, almacenamiento y control de las armas y municiones. Esto incluye auditorías periódicas, registro detallado de cada arma y la obligación de mantener la seguridad en los depósitos.

Sin embargo, los implicados en la Operación Pandora violaron estos principios fundamentales, permitiendo la sustracción y comercialización ilegal de municiones.

El Ministerio Público ha solicitado que los acusados sean privados de libertad mientras avanzan las investigaciones.

Esto incluye una solicitud de prisión preventiva, argumentando que los imputados podrían obstaculizar el proceso judicial y la recolección de pruebas si permanecen en libertad. El caso sigue bajo investigación y el lunes 25 de noviembre, el tribunal tomará una decisión clave sobre la prisión preventiva.