Reformas del PE: el gran desafío en los primeros 100 días del Congreso

Los legisladores escogieron a los integrantes de la nueva JCE e iniciaron proceso de preselección del pleno CCRD

El actual Congreso Nacional 2024-2028, juramentado el pasado 16 de agosto, arriba sus primeros 100 días de trabajo en medio de desafíos para aprobar los tres proyectos de reformas sometidos por el presidente Luis Abinader y la reacción de la población frente a estos.

Los legisladores oficialistas, mayoría calificada en ambas cámaras, reformaron la Constitución de la República, pero no pudieron refrendar el proyecto de ley de “modernización fiscal” (reforma fiscal), que fue retirado por el mandatario al ser rechazado por los distintos sectores. Hubo una sola vista pública, que fue maratónica.

En este periodo, la casa del primer Poder del Estado escogió a los integrantes de la nueva Junta Central Electoral (JCE) 2024-2028 e inició el proceso para la preselección del nuevo pleno de la Cámara de Cuentas (CCRD) 2025-2029.

Otros sucesos descritos más adelante también marcaron el centenar de días de labor legislativa cumplidos el pasado domingo 24 de noviembre.

Tres reformas: una aprobada, otra retirada y la más reciente en proceso

El Congreso Nacional compuesto en más de un 50% de “sangre nueva” y con una matrícula arrolladora de senadores y diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados pasó a la historia por aprobar la cuadragésima modificación a la Carta Magna, sin embargo, no fue tan fácil.

El pliego de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, sometido por el Poder Ejecutivo el pasado 19 de agosto, tardó más de un mes para ser sancionado, entre otros motivos, porque no había consenso entre los legisladores oficialistas en el tema de la reducción del número de diputados.

Dicho eje fue el más controversial en el órgano bicameral de los cuatro planteados por el presidente Abinader en su propuesta. Le siguió el tema de la unificación de las elecciones; el de robustecer más la independencia del Ministerio Público; y, finalmente, el de garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial. En estos puntos abundaron las opiniones de la oposición y juristas.

La reforma constitucional fue aprobada el pasado 27 de septiembre y promulgada el 2 de octubre. Con esta iniciativa, el presidente Luis Abinader cumplió una de sus metas como gobernante.

En seguida los legisladores concluyeron con la reforma constitucional, fueron a apoderados de la pieza más esperada por la población en ese momento: el proyecto de ley de reforma fiscal. El Ejecutivo remitió la iniciativa vía Cámara de Diputados el 8 de octubre de 2024 y tuvo que darle “para atrás” el día 22 del referido mes.

El salón de la Asamblea Nacional del Congreso fue el escenario que concentró a la ciudadanía que se expresó en torno al controversial texto de ley, mediante una vista pública. Ese jueves 17 de octubre el pueblo “tronó” con un amplio rechazo a las medidas tributarias consignadas en el pliego de ley.

Empresarios, asociaciones, organizaciones, grupos sociales, comerciantes, personas físicas, entre ellas amas de casa, abogados y otros profesionales, se expresaron en contra del aumento de los impuestos y de la eliminación de las exenciones o incentivos a los sectores y áreas de la República Dominicana. Cada quien defendió su sector para que no sea afectado. Ante esto, el Gobierno anunció el retiro de la pieza.

Días antes, el pasado 10 de octubre, el Ejecutivo introdujo al Senado el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley 16-92, del 29 de mayo de 1992, que aprueba el Código de Trabajo, también conocido como reforma laboral.

La norma legislativa es la única de las tres reformas del Gobierno aún en curso en el Congreso y que tuvo un lento comienzo. La comisión especial a cargo del documento legal se reunió por primera vez el jueves 31 de octubre de 2024, luego que los medios de comunicación hicieron énfasis en lo pausado que estaban los senadores para conocer la pieza.

El proyecto de ley deja fuera el tema de la cesantía laboral (el cual aún genera debates) y toca más de 100 artículos de la Ley 16-92. La iniciativa incorpora el teletrabajo, incrementa la licencia de paternidad y mejora el trabajo doméstico.

Hasta el momento, la comisión senatorial ha escuchado al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps; y a los sindicalistas.

Nueva Junta Centra Electoral y Cámara de Cuentas

Durante los primeros 100 días, el Congreso tuvo a cargo los procedimientos de preselección, evaluación y escogencia de los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral así como del pleno de la Cámara de Cuentas.

En ese sentido, el 13 de noviembre del mes en curso, el Senado de la República juramentó a los integrantes de la nueva JCE para el periodo 2024-2028, la cual seguirá siendo dirigida por Román Jáquez Liranzo, presidente.

En cuanto a la Cámara de Cuentas, la Cámara de Diputados inició el proceso de convocatoria a presentar candidaturas a miembros del órgano fiscalizador de los recursos públicos. El plazo de inscripción vence este 28 de noviembre y las entrevistas comenzarán el próximo 9 de diciembre.

Dificultades

El órgano bicameral tuvo retraso para conocer piezas legislativas, tales como el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2025. Los legisladores “echaron a un lado” el pliego de reforma del Código Penal, tema caliente en la pasada legislatura y pendiente de una segunda discusión.

En la Cámara de Diputados hubo una marcada demora para la conformación de la Comisión Permanente de Justicia.

Asimismo, los congresistas aprobaron y tienen en agenda varios contratos de préstamos, uno de ellos por el valor de 500 millones de dólares, para el financiamiento del proyecto monorriel de Santiago de los Caballeros, el cual será ejecutado por el Minpre.

Senado dio pasos para modificar la Ley 1-24

Aunque en el Congreso Nacional hay cinco proyectos legislativos que buscan modificar o eliminar la controversial Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la pieza sigue sin ser reformada.

No obstante, la Comisión Permanente de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana del Senado a cargo de hacer cambios en la normativa rindió un informe sobre la misma, que fue aprobado en segunda lectura el pasado 13 de noviembre.

Se trata del proyecto sometido por el Poder Ejecutivo el 19 de septiembre de este año, que pasará a la Cámara de Diputados para su consideración.