Denuncian actuación ilegal del fiscal Gómez Rubio

Barahona.- El profesor universitario Juan Tomás Olivero denunció la violación de derecho de que fue víctima su hermana María Altagracia Olivero, tras la actuación ilegal efectuada por el procurador fiscal de la provincia Barahona, Yván Ariel Gómez Rubio, el pasado viernes 22 de julio.

Reveló que Gómez Rubio cambió la naturaleza de una querella interpuesta contra su hermana en materia civil a penal, bajo la acusación de estafa y de haber violado el artículo 405 del Código Penal cuya intención es hacer jurídicamente material la aplicación de las penas del artículo 40 del Código Penal, con pena de degradación civil.

“Esto solo busca promover su cancelación en el Ministerio de Educación, como maestra”, dijo el también exseminarista de la Iglesia Católica, a la vez que señaló que dichos hechos son respaldados por el sacerdote de la parroquia Cristo Rey y que existen otros casos de la misma índole.

Dijo que el pasado viernes un contingente militar de más de 70 hombres se presentó a la vivienda de su madre, para cobrar una deuda a su familiar la cual ya se encuentra conciliada y avanzada en pago de un 40 por ciento.

“La Dican, la Dicrim y un regimiento de 70 hombres, tres coroneles, pertrechos militares, vehículos y un escándalo infamante de más de una cuadra del Barrio Sávica provocado por el aparatoso abuso”, indicó el maestro.

Narró que posterior a ello, María Altagracia Olivero fue apresada y trasladada a la fiscalía, donde se le conoció medida de coerción y se le pidió una medida cautelar de 6 meses de prisión, en menos de cinco horas.

“El señor Ariel Gómez en sus funciones de Ministerio Público, secuestró personas para traerla a la INACIF engañadas, les hizo pruebas que debió hacerse a la imputada, los puso a firmar un documento que resultó ser la querella y construyó la historia querella”, agregó.

Empero, el juez de la Atención Permanente declaró inadmisible la querella porque los litigantes negaron ser demandantes llevando esto a la fiscalía a quedarse en el aire con una falsa imputación.

Tras esto la pariente del profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), fue dejada en libertad ya que no existen pruebas penales en su contra; por lo que los familiares exigen la investigación y suspensión del fiscal de Barahona.

Olivero destacó procederán apegados a las normas procesales, y ante un juicio disciplinario como lo establece el artículo 134 del Código Procesal Penal, por sus faltas de deslealtad procesal.

“Además, exigiremos que a este señor se le condene en acción resarcitoria por todos los daños provocados, según lo estable el siguiente dispositivo del Código Procesal Penal como lo indica el Artículo 257”, especificó.

Asimismo, hicieron dicha solicitud al Procurador de la Corte de Apelación de Barahona, Bolívar D´ Oleo Montero, que inicie una investigación y tome las medidas de seguridad que impidan que este señor haga uso abusivo del poder de sus funciones y pueda entorpecer cualquier circunstancia de nuestra exigencia de justicia.