Cancelan empleadas vendían empleos en Salud Pública en Barahona

Santo Domingo.- El Ministerio de Salud Pública informó que una investigación llevada a cabo por una comisión determinó que empleados del área de Recursos Humanos hacían negocios y fueron cancelados.

Fueron entrevistados para esos fines ejecutivos y personal del nivel central de RRHH, de servicios de varias regiones de salud, personas residentes en Barahona, provincia donde decenas de ciudadanos fueron perjudicados con la práctica ilegal, las cuales denunciaron la acción irregular, tras ver que se retrasaban las gestiones.

Las canceladas son: Guadalupe Sosa, quien hasta entonces se desempeñaba como secretaria de Recursos Humanos; la recepcionista Rosa Elena Soto y la secretaria Yadira Abreu, quien laboraba en el mismo.

La decisión del Ministerio de Salud Pública que afecta a tres empleadas de Recursos Humanos por violar los numerales 4 y 7 del artículo 84 de la Ley 41-08 de Función Pública, las cuales fueron canceladas.

La medida, se produce luego de recibir denuncias de ciudadanos de que habrían entregado dinero a cambio de conseguir empleos o designaciones en funciones en la entidad.

La información está contenida en una nota de la institución donde explica que el expediente compromete las conductas de las canceladas, el cual ha sido depositado en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), para los fines de investigación y decisión correspondientes.

Investigaciones preliminares realizadas por el ministerio determinaron que al menos 42 personas depositaron entre 15 mil y 20 mil pesos a cuentas prestadas por Soto y Abreu a Guadalupe Sosacomo avances por los empleos y cambios de designaciones que prometía ejecutar desde su posición, que violenta la citada legislación.

“Es política del Ministerio de Salud, suspender, desvincular y someter a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa a todo empleado ante la simple sospecha, denunciado o asociado a prácticas que puedan ser consideradas corruptas, prevaliéndose del desempeño de la función pública”, explica el organismo estatal.

La institución tiene la disposición de no tolerar actos de corrupción, por lo que decidió la cancelación de las empleadas y enviar sus expedientes a la procuraduría.

El hecho era investigado desde hacía un tiempo, luego de que personas afectadas lo denunciaran ante el ministerio.