Pérdidas que no se ven, pero se cuantifican
Pero ante una sociedad convulsionada y ansiosa de conocimientos, agregamos que se exige transparencia para su credibilidad.
Cualquier esfuerzo que se haga por procesar las estadísticas de siniestralidad y tránsito tiene que ser accesible a la ciudadanía, a las organizaciones, a los medios y a las universidades, fue el reclamo más contundente que se hiciera en la reunión convocada por el Listín Diario hace unos meses en los salones de Cancillería.
No entendemos como nos hemos acostumbrado en República Dominicana a la cotidianidad de los siniestros de tránsito y sus secuelas, a diferencia de los congestionamientos del tráfico, de los cuales nos sentimos agobiados, sin aparente solución ni importar los sub -registros para los indicadores ni los costos de oportunidad.
Este fenómeno de indiferencia social a las tragedias deberá ser explicado por los profesionales del comportamiento humano donde los decidores de políticas públicas tendrán que jugar un papel estelar para propiciar las transformaciones pertinentes de acuerdo a los resultados.
El órgano nacional, rector de la movilidad y la preservación de la vida, la salud y propiedades de los usuarios del sistema, todavía no ha entendido la magnitud de sus desafíos frente a esta compleja problemática y mucho menos no la entiende la sociedad, de que tiene que sustentarse en la tecnología.
La inacción en los temas ha sido la marca distintiva de las administraciones sin reparar que también ello arrastra un alto costo, así como un costo casi incuantificable cuando se toman malas decisiones en las gestiones.
Obviamente, las víctimas se traducen también en un costo, aún sean inaceptablemente fatales.
¿Saben las autoridades el coste de los años productivos perdidos por fatalidades en la red vial dominicana y el dinero que le cuesta al Estado por cada muerte generada por no tomar las decisiones oportunas, necesarias y pertinentes en asegurar la movilidad? Continúa siendo tarea pendiente.
Un ejemplo reciente, parte de nuestra vivencia histórica de mala decisión, fue el evento denominado “apagón semafórico” del pasado mes de agosto.
De todo se ha hablado de ese caso, menos de las pérdidas económicas que ocasionó el desastre del “apagón”.
De haber sido un evento natural, de inmediato se hiciera la cuantificación de los daños y los cálculos para préstamos. Resulta que un grupo de técnicos multidisciplinarios, dentro de los cuales habían economistas, ambientalistas, de tráfico, mecánicos, de salud y de seguridad vial, tratamos el asunto evaluando los costes generados durante el período de congestionamiento de la ciudad.
Los resultados fueron catastróficos que quiero sintetizarlos de la siguiente manera: Las pérdidas económicas dejada al país en tres días de taponamiento vehicular de gran magnitud alcanzó nivel descomunal con relación al valor del contrato que fue de RD$1,317 millones. La pérdida en dinero por una decisión desacertada fue estimada en 12 veces superior al monto de los compromisos contractuales, dejando algunos asuntos sin tomar en cuenta.
La responsabilidad final recae sobre el gobierno por liderar el proyecto y las decisiones. De forma que hay una deuda social creciente que se agrega a la cadena de cosas pendientes y la desconfianza en ese aspecto de parte de la población en la aplicación de inversiones estatales.
En ese orden, recién se hizo una denuncia a través de un medio de comunicación, en donde se afirmaba que empleados de la compañía contratista acusada del fatídico “apagón”, estuvieron hace unos días reparando el semáforo localizado frente a la Dirección General de Pasaporte. Situación por aclarar, considerada grave porque da lugar a muchas especulaciones y de que no hemos aprendido la lección ante hecho tan deleznable como el ocurrido en agosto.
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