Propiedad del capital

A las empresas familiares se les atribuye frecuentemente ser menos eficientes que las corporaciones administradas por gerentes profesionales, dado que son usualmente dirigidas por sus fundadores y descendientes, quienes no necesariamente poseen las condiciones requeridas para desempeñar óptimamente esas funciones. Se admite que a veces las tienen, pero se agrega que puede ser más por coincidencia que por la efectividad de los procesos de selección establecidos.

A pesar de su extensa difusión, tales opiniones tienden a ignorar, sin embargo, que esa clase de empresas son un importante componente de la democratización del capital y el acceso a las oportunidades. A través de ellas, individuos y familias con disposición emprendedora canalizan sus iniciativas de negocio, asumiendo el papel de propietarios que asumen riesgos y obtienen beneficios, en lugar de optar por ser empleados asalariados de otras compañías.

No obstante, aunque surgen numerosas iniciativas personales en el ámbito de la creación de negocios, su existencia puede ser efímera y plagada de dificultades. De hecho, evaluaciones llevadas a cabo acerca de los sectores económicos de mayor crecimiento a nivel mundial revelan una tendencia hacia el predominio de grandes conglomerados, derivada de su mayor capacidad para asumir los costos de la investigación y desarrollo de productos, las inversiones tecnológicas, las campañas globales de mercadeo, y la ampliación del alcance geográfico de la distribución y comercialización de bienes y servicios. Esa tendencia relega y confina a las empresas familiares a sectores tradicionales menos dinámicos, lo que disminuye la dimensión de su contribución potencial a la diseminación de la propiedad de los recursos de capital.

Ante la evidencia de ese proceso, se fortalece el rol que desempeña la alternativa de la venta al público de acciones de las corporaciones vía los mercados financieros. Ese mecanismo, por supuesto, ha existido desde hace mucho tiempo en las economías más avanzadas, pero es aún limitado e imperfecto en las naciones del tercer mundo, donde enfrenta obstáculos institucionales en materia de gobernanza empresarial, transparencia y confiabilidad de las informaciones, regulaciones inadecuadas, escasa supervisión, y débiles mecanismos de protección de los derechos de los accionistas minoritarios. Pero es precisamente en esas naciones donde su potencial efecto sobre la democratización es más pertinente y necesario.